Se está tomando conciencia que no es bueno que exista un criterio ético distinto para los servidores públicos y para los particulares; en este momento se tiene que imponer que son los mismos parámetros los que deben medir las actuaciones de particulares y servidores públicos, más dentro del esquema de Estado Social y Democrático de Derecho, en donde somos parte del Estado tanto particulares como servidores, y que es tan importante la función de éstos como la de aquellos.

Si bien existen diferencias, no deben aplicar en lo fundamental, es decir, en los valores éticos debemos comportarnos todos con el mismo compromiso.

Sin embargo, muchas veces la corrupción privada es más o tan nociva como la pública y con el agravante que en términos generales queda impune. Nos referimos por ejemplo a las actuaciones relacionadas con el medio ambiente, las transacciones ilegales, las defraudaciones colectivas, en fin una inmensa gama de actividades que incluso poco han sido estudiadas pero que merecerían un tratamiento mucho más estricto en orden a combatir estas formas de corrupción que indiscutiblemente causan daños irreparables en nuestra sociedad.