Con el auspicio
del Banco Mundial, la Vicepresidencia de la República y el Programa
Presidencial de Lucha contra la Corrupción, en febrero de 2001
se diseñó y comenzó a aplicarse esta encuesta a 8308 personas:
3493 usuarios, 3472 funcionarios públicos de diversos niveles
y 1343 empresarios, en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali,
Cúcuta, Ibagué, Cartagena y Yopal.
Como encuesta
de percepción, el grado de subjetividad es alto; en estos instrumentos,
por supuesto, no funcionan las preguntas directas sobre responsabilidad
en actuaciones de corrupción, sino las preguntas indirectas fueron
validadas mediante la comparación dentro del mismo tipo de pregunta
entre las respuestas de usuarios, funcionarios y empresarios con
la metodología usada por el Banco Mundial. Sin embargo, en el
Foro que analizó los resultados de la
encuesta, se le halló el mérito de contribuir valiosamente a la
caracterización de la corrupción en Colombia, y a señalar las
líneas gruesas, aunque superficiales, del diagnóstico y de las
tendencias crecientes hacia la probidad en la administración pública,
salvas notables excepciones.
Entre los elementos
positivos relevados por la encuesta se encontraron:
El alto nivel de conciencia pública en torno a la necesidad
de proteger “lo público”
Los altos índices de compromiso institucional que manifiestan
los funcionarios con sus instituciones
La baja incidencia de los sobornos y otras formas de “pequeña
corrupción” en los trámites y/o servicios que proveen las entidades
públicas.
Los elementos
negativos más protuberantes encontrados en la encuesta, fueron:
La contratación pública
La administración de justicia
En los gobiernos municipales, y en el
Sistema político.
Un índice de cerca
del 70% de consenso en cuanto a la influencia perversa de élites
por algunos denominadas “mafias” es altamente preocupante, en
cuanto denota el concepto de “captura
del Estado” como botín en todo caso adquirido en forma
ilícita por los particulares, que exprimen el erario público,
unas veces soterradamente como es el caso de la llamada “delincuencia
de cuello blanco” o de los previamente calculados procesos indemnizatorios
contra el estado por sumas exorbitantes, o en otras veces de frente,
mediante el uso de la violencia misma por parte de los señores
de la guerra.
En tratándose
del tema de la justicia
y corrupción, la encuesta no refleja claridad en cuanto
a que los encuestados se refieran a la justicia en general o los
problemas de ineficiencia de la justicia penal, y no precisa específicamente,
la diferencia entre corrupción y morosidad. Sin embargo, se resalta
la importancia del valor de la seguridad jurídica y de la oportunidad
para una pronta y cumplida justicia, como requisito para atajar
la corrupción.
Es protuberante
la aproximación cuantitativa referida a que por concepto de desviaciones
presupuestales y sobrecostos atribuibles a sobornos en contratos,
el costo de la corrupción
suma entre 2.6 y 3.0 puntos del PIB, cercano al 80% del déficit
fiscal.
La
injerencia de los políticos en la burocracia ha sido fuente de
corrupción generalizada en todo el país, generándose un “partido
de los contratistas” y la falta de un régimen de reclutamiento
de los servidores públicos mediante la meritocracia. No en vano
la población encuestada señala al Congreso Nacional como la entidad
más corrupta y desprestigiada.
En fin, un fortalecimiento institucional
es supremamente necesario en todos los niveles, que genere prácticas
transparentes y por lo mismo accesibles al escrutinio público
o de la sociedad civil, que cada vez más debe comprometerse en
las veedurías ciudadanas, y en la responsabilidad de la construcción
ética de lo público, como lo que interesa a todos, para no dejar
en manos de los corruptos la deconstrucción del país.
El índice Latinoamericano sobre Transparencia Presupuestaria
2003, nos deja en pésimo lugar a los colombianos
en materia de participación de la ciudadanía en relación con los
procesos de elaboración , ejecución y control del presupuesto
público. Contando con que es menos corrupto lo que está
a la vista de todos, este es un signo de corrupción cuando
no se permite institucionalmente una activa participación de la
ciudadanía en todo el proceso del manejo del presupuesto público
dentro de un verdadero sistema democrático de planeación participativa.
Sin
embargo es esperanzadora la participación de entidades de la sociedad
civil como TI-Colombia que trabajan unidas con organizaciones
similares en el mundo, construyendo herramientas contra la corrupción,
que han sido probadas y en permanente evolución contra este flagelo,
junto con la búsqueda de la “innovación para la contratación del diseño (e implementación)
de un sistema de monitoreo de los sistemas de contratación en
Latinoamérica”.
Denota
la preocupación del Estado colombiano por progresar en esta lucha,
el convenio para fortalecer el índice
de integridad de las instituciones públicas. La misión anticorrupción, que animan el Programa
Presidencial de Lucha contra la Corrupción y la Vicepresidencia
de la República, “es la respuesta del Estado para enfrentar la
agresión permanente, articulada, estratégica y coordinada de individuos
y organizaciones para controlar la gestión estatal o apoderarse
de recursos públicos. La
misión versará sobre los temas de: efectividad y transparencia
del estado, justicia contra la impunidad, captura del estado y
gobernabilidad, educación y formación en valores y corresponsabilidad social”.
Llaman
la atención los temas de la misión anticorrupción; la lucha contra
la corrupción está en todos esos frentes. Ojalá pudiéramos implementar
soluciones de auditoría y control de la gestión dentro de una
nueva mentalidad que deje atrás el temor a la fiscalización o
a la coadministración por parte de los organismos de control.
Los avances en los sistemas contables y de control en línea cada
vez son más automatizados, y se toma conciencia cada vez mayor
que la dilación y la falta de transparencia en la información
contable y administrativa no favorece no sólo la transparencia
sino que tampoco favorece una gestión exitosa. Tales sistemas
ayudan a tener los indicadores pertinentes permanentemente actualizados,
de gestión y de resultados, para un desenvolvimiento ágil, oportuno
y efectivo. Tendencias saludables en este sentido están inscritas
en los programas de la Agenda de Conectividad de Presidencia de
la República y del Ministerio de Comunicaciones, en particular
en los proyectos de Municipio
Electrónico o Municipio Digital.
El
Programa
Presidencial de Lucha contra la Corrupción, ha sido
de gran influjo en todo el país, especialmente en el campo preventivo
y de educación para la transparencia, y para la eficacia y eficiencia
en las actuaciones administrativas. Se ha avanzado, de acuerdo
con las directivas presidenciales, en la cualificación de esos
procesos mediante manuales y seminarios y talleres en muchas partes
del país. Son relevantes las guías metodológicas para realizar
licitaciones y concursos, a las cuales remitimos en nuestros anexos.
También el programa
presidencial constituye un centro de recepción de denuncias anticorrupción
mediante su página web, telefónica o personalmente. Hace equipo
en esta actividad con la Fiscalía y su Unidad Nacional Anticorrupción
a través de un Fiscal Delegado, que instruye y acusa en los casos
de alto impacto nacional.
Igualmente, en
los anexos, el/la lector/a encontrará la descripción de lo que
ocurre en los Consejos Comunales Anticorrupción
liderados por el Vicepresidente
de la República, que han tenido un buen impacto sobre
todo a nivel regional. En el aparte de Graves Casos de Corrupción, se
muestra una noticia que denota “captura del Estado”.
Un trabajo de
equipo, que ligue sinergias positivas tanto de los entes de control
y de las distintas ramas del poder público, como de la ciudadanía
mediante el ejercicio de su voto y el seguimiento de la gestión
de los elegidos, además de las veedurías ciudadanas, es verdaderamente
funcional a una Colombia transparente, donde el valor de la verdad,
como lo enseña Vaklav Hável, sea el centro de la actuación pública,
y signo de madurez y de salud de la democracia.
