Problemas que
genera: Impide el crecimiento económico; no existe crecimiento
sino decrecimiento, aumento
en los costos de las obras públicas,
no se genera riqueza propia,
no existe interés en innovar,
en esforzarse para lograr fines lícitos,
se destruye la posibilidad de sana competencia.
Aumentan los sectores en los cuales se promociona esta clase de actividades.
Normalmente en las
obras muy especializadas, como en las telecomunicaciones, energía,
e infraestructura, las que
son de difícil control. Genera más pobreza
general y desigualdad entre clases sociales.
Provoca
que las decisiones sean tomadas de acuerdo con
motivos ajenos a los legítimos, sin tomar en cuenta las
consecuencias que ellas tienen para la comunidad.
Impacto
económico
[1]
Incremento de los costos
de los bienes y servicios
Incremento de la deuda
de un país
Adquisición de
bienes de baja calidad o tecnología inapropiada o innecesaria
Prevalencia del
capital sobre la mano de obra (lo que es más lucrativo para quien
comete la corrupción), pero puede ser menos útil desde el punto
de vista del desarrollo.
Además, se impide la planificación,
pues los datos son falsos.
[2]
Impacto
político
Reproducción y consolidación
de la desigualdad social
Mantenimiento
de redes de complicidad en élites políticas y económicas
Clase politiquera: mantenimiento
de su clientela
Administración
corrupta: ineficiencia burocrática y formas parasitarias de intermediación
Pérdida de credibilidad
en el Estado y erosión de la legitimidad necesaria para su funcionamiento
adecuado
Impacto
social
Se acentúan las
diferencias sociales por detrimento del Estado como mediador de
las demandas de los diversos grupos sociales
Proceso de exclusión
social y político de las clases populares o marginales, obligadas
a acceder a la economía del rebusque o informal para subsistir
Además, se segrega
y se desanima a los honestos
[3]
Otros,
como David Bayley, de manera adicional o complementaria interpretan
ese impacto de la siguiente forma:
Un acto corrupto
representa un fracaso en alcanzar los objetivos públicos
Representa un
incremento de precio de la administración pública
Deteriora el ambiente
en el cual actúa el sector privado, es un desestímulo a la inversión
Influencia nociva
sobre los funcionarios administrativos, debilitando su compromiso
con las normas correctas
Disminuye el respeto
por las autoridades constituidas, y con ello, la legitimidad del
gobierno
Es una barrera
para el desarrollo: promueve la falta de voluntad de tomar decisiones
políticamente costosas
Institucionalización
de la ilegalidad: litigios y calumnias contra los funcionarios
honestos (chantaje)
Decisiones basadas
en el dinero y no en las necesidades humanas
[4]