Resulta difícil
medir la corrupción, un fenómeno que no está a la luz pública,
y más aún construir índices de la misma a nivel internacional.
El esfuerzo se viene haciendo desde los años de la década del
cincuenta, cuando se buscaba evaluar el porcentaje del producto
originado por actividades informales no registradas y no contribuyentes
al fisco. De todas formas, son datos de difícil y costosa obtención
y más problemática interpretación.
El estudio de
casos para un sector público tan importante complementado con
el de otras variables que parecen repetirse en los países latinoamericanos
indican prácticas sospechosas de corrupción en siete países latinoamericanos:
Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Perú y Venezuela.
De todas maneras,
una reciente investigación de Di Tella y Savedoff en el campo
de la salud, publicada en el 2001 por el BID, muestra preocupación
sobre una apreciable lista de prácticas ilícitas: robo de suministros
médicos, ausentismo de doctores y enfermeras en el horario de
trabajo, pagos excesivos en la compra y contratación de equipos
y servicios, uso no autorizado de facilidades públicas para la
práctica médica privada, referencia de los pacientes a consultas
y laboratorios privados y recomendación de intervenciones quirúrgicas
no necesarias (sobre todo cesáreas).
El método sobre
casos concretos arroja mucha luz sobre la probabilidad de corrupción
en departamentos críticos de la administración pública: contratos
públicos sin o con concurso previo, desvíos presupuestales, la
diversa gama de peculados, cohechos o concusiones, evasión de
impuestos particularmente sobre los ingresos personales por ganancias
y registro de actividades "off shore", fuera del país,
subvaluación de valores declarados en aduanas o sobrevaloración
de las exportaciones.
La mayor debilidad
de los indicadores hasta ahora utilizados está en que prácticamente
todos se basan en juicios subjetivos de personas con experiencia
en un país calificándolo en ciertas variables a las que se otorga
un valor determinado. La mayor ventaja es la presión ejercida
sobre los países para purgarse de malas calificaciones. Especialmente
"peligroso" para inversiones directas extranjeras es
el publicado por Transparency Internacional que construye un índice
de índices (siete).
El índice más
respetado es el de "Impulse" una revista de negocios
alemana que entrevista a 10 exportadores por país preguntando
qué porcentaje del valor de la mercancía exportada tienen que
pagar para poder funcionar en él.
El soborno es
particularmente injusto al tratar de modo distinto a quienes
ante las leyes son iguales; menoscaba la legitimidad del Estado
y puede minar la garantía máxima de la vida social: la independencia
del Poder Judicial. De los daños morales no hay nada que decir
que no se sepa: contribuye a hacer de los ciudadanos, sin excluir
la opinión pública, profesionales del engaño y del cinismo.
Todos sabemos
que la corrupción administrativa no es una exclusividad de la
administración pública. Si definimos la corrupción como el abuso
de las autoridades públicas (que en este contexto incluyen hasta
empleados públicos del más bajo rango) para conseguir un beneficio
personal, nada nos impide lógicamente hablar de la corrupción
privada como el abuso de las autoridades de una empresa
(igualmente sea cual sea su cargo) para conseguir un beneficio
particular. Sin embargo, la corrupción está estrechamente vinculada
en los estudios internacionales como de particular incidencia
en el ámbito público. Más aún la mayor parte de los delitos de
corrupción administrativa pública tienen como cómplice o iniciador
a personas y empresas privadas.
La corrupción administrativa pública
puede ser sistemática o caótica. La corrupción sistemática
consiste en un sistema de oportunidades altamente propicio a la
apropiación de rentas o recursos del Estado que por numerosos
vacíos legales funciona con cero probabilidad de impugnación legal
o en la existencia de una reglamentación donde los funcionarios
tienen discrecionalidad para asignar tasas impositivas o para
conceder incentivos a su arbitrio.
La corrupción caótica no está
ligada a aspectos institucionales, sino a la conducta para - o
antilegal de algunas autoridades. Las tres modalidades más frecuentes
son tal vez el soborno o aceptación no mandatoria de favores o
ingresos para aceitar la tramitación de licencias o la obtención
de contratos, la extorsión o empleo del poder para conceder a
un ciudadano sus derechos y el desfalco o vulgar apropiación de
bienes públicos. Otros casos más sutiles y más peligrosos son
el tráfico de influencias o uso del poder a favor propio o de
familiares (nepotismo) y la venta de secretos
de oficio ("incide trading").
Curiosamente,
la corrupción sistemática, al reducir el riesgo de detección o
de penalización a cero, es mucho más previsible por potenciales
empresarios, lo que les permite considerar la corrupción como
un impuesto y no como un factor adicional "eficientizan"
el gobierno al suministrar incentivos para su funcionamiento.
Di Tella y Savedoff citan irónicamente a quienes creen que estos
bonos ayudan a evitar el "red tape" que paraliza muchos
proyectos y afirman que "pocas cosas hay peor para un país
que tener una burocracia corrupta e entrometida, excepto tener
una honesta y entrometida".
Hasta 1995, cuando
Mauro publicó el primer indicador empírico de corrupción de diversos
países, la falta de datos falsificables permitió a varios investigadores
de la correlación entre corrupción y crecimiento económico afirmar
que la corrupción podía favorecer el crecimiento. Triste prueba
de un positivismo económico mal entendido y que se deja resumir
en la frase de que para poder falsificar una hipótesis hay que
tener pruebas estadísticas de carácter empírico. Como si no fuese
más racional afirmar que no deben formularse
hipótesis sin sólidos datos empíricos.
Desde entonces
se han publicado varios índices
de corrupción o del ambiente de negocios que tienen
a aquella como componente tradicional. Ahí están los índices de
Ades-Di Tella, Economist Intelligence Unit, IMD, Transparency
Internacional, International Country Risk Guide, Lehaman Brothers-Eurasia
Group, Political Service Risk. Todos buscan indicadores de confianza
de un país para inversores y medidas de los costos de la corrupción
administrativa pública.
Sin embargo, los
indicadores de gestión y de resultados derivados de sistemas que
permitan tener la información en línea, permite tanto a administradores
como a controladores hacer una mejor labor en sus campos; se trata
de hacer equipo y no de rivalizar en la posesión de información
que no sea estrictamente reservada. La ingeniería y la contaduría
nacional están produciendo estas herramientas que no hay que desperdiciar,
tanto en la empresa pública como en la privada.
